Los sindicatos denuncian que el decreto de Escolarización "rompe el equilibrio" entre centros educativos en Granada

Los sindicatos CSIF, ANPE, CCOO y UGT, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Fampa Alhambra y los colectivos estudiantiles Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento llamaron a la movilización el próximo 4 de marzo contra el recientemente aprobado decreto de Escolarización por "romper el equilibrio" entre la red de centros públicos y la de los concertados.

Para la presidenta de Fampa Alhambra, Rosa Funes, la norma "apuesta por la concertada" en detrimento de la pública. Esta "apuesta" se sustenta, según los sindicatos, en el enunciado de uno de los artículos. En concreto el que permite sumar la "máxima puntuación" sin tener en cuenta el lugar de residencia o donde se trabaje para optar a un centro privado sostenido con fondos públicos. Esto obliga a la Administración a retocar las áreas de influencia para facilitar a todas las familias que residen en localidades donde hay públicos y concertados que puedan pedir plaza en los segundos. En Granada, esta modificación afecta, como ya adelantó este diario, a las localidades de Baza, Santa Fe, Guadix y Motril. En Granada, en la actualidad dividida en cinco áreas de escolarización, no se prevén cambios a cuenta del decreto, ya que en todas las zonas hay centros de los dos tipos.

Los sindicatos explicaron que a la convocatoria de huelga se suma una manifestación el mismo día 4. Saldrá a las 12:00 horas de la Plaza del Humilladero y se llegará hasta la Delegación provincial de Educación, en Gran Vía.

Manuel Pérez, de CSIF, animó a la "participación" de los centros públicos. Están convocados unos 11.000 docentes, 120.000 estudiantes de las etapas no universitarias y otros 1.300 trabajadores de administración y servicios. Además, apostilló que el decreto tal y como está perjudica a quien resida junto al concertado, ya que a las plazas de ese centro puede optar cualquier familia del municipio, sin cribar por zona de residencia.

Desde ANPE, Miguel Ángel Aguilar, explicó que la redacción del artículo "rompe el equilibrio" entre centros, ya que "se puede elegir centros concertados aunque no estén en su área". Sin embargo, esta situación no se da en los públicos, que se restringen a quienes estén en su área e influencia a la hora de baremar las solicitudes.

Mercedes González, responsable de Educación en Granada de CCOO, insistió en que el decreto "va a blindar las posibilidades de matriculación en la concertada" y "puede suponer la pérdida de unidades" en la pública. "El posible aumento de la demanda" de estos centros vendría sostenida por el hecho, indican los sindicatos, del crecimiento de la zona de escolarización. A la larga, "nos tememos que pueda generar el argumento de que hay que aumentar los conciertos", barruntó.

González recordó que en la actualidad "el 97% de las familias" entran en el centro elegido en primera opción, por lo que no hay necesidad de modificar el decreto en ese punto. Sobre lo que se espera de la Consejería, la responsable de CCOO apuntó a lo que se busca es "anular el artículo".

María José Romero, de UGT, por su parte, apuntó a que "la pública es la que garantiza el derecho de escolarización".